El año 2022 estuvo marcado por el estallido de otra profunda crisis, una más en nuestra historia reciente. Superada la pandemia, el sector de la construcción tuvo y tiene que hacer frente a un gran aumento de la demanda de las principales materias primas y a la subida constante de los precios de los materiales, una situación que se agudizó como consecuencia de la guerra en Ucrania.
Ante este escenario, y al igual que ocurrió en la pandemia, las organizaciones empresariales cobran relevancia y deben demostrar su capacidad de representación e interlocución con todas las AAPP y la sociedad en general. En este sentido, la consolidación de nuestras entidades como referentes dentro de la patronal gallega y ante las Administraciones Públicas hace posible que tengamos una interlocución rápida y fluida para la resolución de problemáticas tan decisivas como las ocasionadas por las últimas crisis.
La revisión extraordinaria de precios fue uno de esos asuntos en los que se trabajó intensamente, dentro de la política permanente de defensa de la supervivencia de las empresas del sector. Se llevó a cabo con muchos esfuerzos y determinación con el fin de lograr una norma que se implementó para todo el Estado y para la cual siempre se requirió un alcance suficiente para llegar a todos los tamaños de empresas, extremo que no se consiguió en su totalidad.
Y si la inflación excesiva ha sido uno de los mayores retos que hemos tenido que superar, otro de los que ha ido aumentando en los últimos años, y que hoy se manifiesta con carácter general en la economía española, y en nuestro sector en particular, es la falta de mano de obra. Este problema, del que venimos alertando en el sector en los últimos años, se está convirtiendo en una limitación fundamental para nuestras empresas a la hora de acometer nuevos proyectos e incluso de poder cumplir con los plazos establecidos en los mismos.
En materia laboral, y ya en el presente ejercicio, ha visto la luz el VII Convenio General de la Construcción, que, como en otras ocasiones, se ha adelantado a otros muchos sectores, lo que sigue demostrando la buena salud del diálogo social en nuestro ámbito. La firma de un acuerdo para los años 22, 23 y 24 en un contexto como el actual, en el que el coste de la vida ha experimentado un notable incremento para todas las familias, fue un ejemplo de diálogo y capacidad de acuerdo que sirvió para establecer los incrementos salariales, pero que también ha supuesto un hito en nuestra economía gracias a la creación del primer plan de pensiones sectorial, que viene a reforzar las condiciones laborales y de cotización de todos los trabajadores y trabajadoras.
A futuro, los retos a los que nos enfrentamos en la construcción son muy importantes: la apuesta irrenunciable por la transformación industrial, la innovación tecnológica y la digitalización son objetivos que no tienen discusión, pero también debemos asumir otros como la sostenibilidad y la apuesta por el menor impacto sobre el medio ambiente de la actividad constructiva, según los objetivos de desarrollo marcados por la UE.
Para conseguirlo, hemos sido capaces de crear la Fundación Galicia Constrúe, Clúster da Construción, constituida en diciembre de 2022, y que sin duda representará una gran oportunidad para lograr la transformación que nuestro tejido productivo necesita para adaptarse a las exigencias y retos de la economía que tenemos por delante.